El Consejo de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de Castilla-La Mancha ha desempeñado un papel clave en la elaboración de un nuevo decreto que regula las Entidades Colaboradoras de la Administración. Esta iniciativa, que busca fortalecer el apoyo técnico a las entidades locales, especialmente aquellas de menor tamaño, no tiene la intención de sustituir las competencias ni el principio de autoridad de la Administración pública.
El mencionado decreto, aprobado el pasado viernes y publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), establece el régimen jurídico para estas entidades y desarrolla las previsiones de la Ley 4/2025 de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa. Este marco legal permitirá que las entidades colaboradoras actúen en diversas áreas, incluyendo urbanismo, gestión forestal, evaluación ambiental, economía circular, patrimonio cultural, servicios sociales y turismo.
Rafael Santiago, presidente de COSITAL Castilla-La Mancha, ha comentado que el objetivo principal de esta normativa es mejorar la capacidad técnica de las administraciones públicas, en particular en el ámbito rural, a través de una colaboración efectiva con entidades especializadas. Santiago explicó que se trata de un régimen público-privado donde estas entidades aportarán apoyo técnico, contribuyendo así a la optimización de procesos y a la mejora de la calidad técnica de los expedientes.
El decreto aclara que las funciones de las entidades colaboradoras se limitarán a la elaboración de informes, certificaciones y asistencia técnica, reafirmando que no sustituirán las competencias de la Administración, que seguirá manteniendo el control y supervisión de los procedimientos. «Esto no supone en ningún caso una dejación del principio de autoridad por parte de la Administración. Son entidades llamadas a colaborar con nosotros, no a sustituirnos», añadió Santiago.
El nuevo marco legislativo contempla inicialmente el área de urbanismo como la primera de las regulaciones, pero se extenderá a otros sectores como la gestión forestal, la calidad ambiental, la economía circular y la promoción empresarial, entre otros. Desde COSITAL Castilla-La Mancha se considera que esta normativa representa una oportunidad para potenciar la capacidad de gestión de los ayuntamientos, facilitando el acceso a recursos técnicos especializados, en especial para aquellos de menor tamaño que a menudo tienen estructuras administrativas limitadas.
«Todo aquello que permita reforzar la capacidad técnica de nuestros ayuntamientos es bienvenido. Lo importante es que los municipios dispongan de más herramientas para prestar un mejor servicio a la ciudadanía, manteniendo siempre las garantías, el control administrativo y la seguridad jurídica», concluyó Rafael Santiago.